Argentina presentó al máximo tribunal de EE.UU. que revise los fallos por el juicio a los holdouts

La Corte Suprema (en inglés), o Tribunal Supremo, es la corte más importante del sistema judicial.

La Corte Suprema (en inglés), o Tribunal Supremo, es la corte más importante del sistema judicial.

Argentina le solicitó al máximo tribunal de EE.UU. que revise los fallos que ordenan pagar u$s1.330 millones en efectivo y en un solo pago a los fondos que no aceptaron las propuestas de reestructuración de deuda soberana.

Argentina presentó ayer ante la Corte Suprema de los Estados Unidos una apelación en la que solicita se revisen los fallos de dos tribunales inferiores que le ordenaron al país pagar u$s1.330 millones en efectivo y en un solo pago a los holdouts que no aceptaron las propuestas de reestructuración de deuda.

Puntualmente, le requirió a la Corte Suprema que le ordene a la Corte de Apelaciones de Nueva York que analice nuevamente su interpretación sobre la violación de la cláusula parí passu (igual tratamiento de los acreedores) y que revierta su interpretación sobre la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos.

Argentina argumentó en su pedido que las sentencias “violan la soberanía” de la República y que las operaciones de canje ofrecidas en 2005 y 2010 respondieron a “prácticas internacionales”, dado que “no existe un régimen de quiebras para Estados soberanos”.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía precisó que el país le requirió a la Corte Suprema de los Estados Unidos “revise las decisiones erróneas de los tribunales inferiores que prohíben a nuestro país efectuar el pago de los cupones de deuda en cumplimiento, que se están pagando en tiempo y forma conforme a sus términos, a menos que pague en su totalidad a los acreedores que se negaron a participar en la reestructuración de la deuda argentina”, publicó la agencia Dyn.

Agregó que “estas decisiones (los fallos en contra de la Argentina) violan la soberanía de la República Argentina al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana”.

En su explicación Argentina sostuvo que “debido a que no existe un régimen de quiebras para Estados soberanos, Argentina siguió la práctica internacional y reestructuró exitosamente casi el 93% de su deuda, cumpliendo desde entonces con los pagos a los tenedores de bonos”.

Argentina enfatizó que “nunca ha repudiado su deuda y se ha comprometido a tratar a todos los bonistas de manera equitativa, incluidos los litigantes”.

Según la interpretación que el Gobierno elevó a la Corte de los Estados Unidos, “las consecuencias de este caso trascienden a la República Argentina”.

Advirtió que “de no revisarse las decisiones de los tribunales inferiores podrían tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana”.

Además sostuvo que “se impediría el adecuado funcionamiento de los mercados internacionales de capitales; pondrían en riesgo el estatus de Nueva York como uno de los principales centros financieros globales y afectarían negativamente las relaciones
internacionales”.

Estos mismos argumentos ya fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Nueva York, tras aquella audiencia en la que participaron el vicepresidente, Amado Boudou, y el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

“Estas decisiones amenazan en forma manifiesta el bienestar de la República Argentina y sus ciudadanos, así como el de innumerables tenedores de deuda argentina en cumplimiento”, dijo la Argentina en otro tramo de su presentación.

El Ministerio de Economía sostuvo que “la petición argentina plantea cuestiones de suma importancia, por lo que la República Argentina considera que la Corte Suprema de EE.UU. debería revisar y corregir las decisiones de los tribunales inferiores”.

Añadió que “se le ha solicitado a la Corte que reenvíe al más alto tribunal estadual de Nueva York la cuestión de la interpretación de la cláusula pari passu contenida en los bonos soberanos, y querevise y revierta la interpretación errónea de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA) adoptada por los tribunales inferiores”.

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